El «Reino de Chile» constituía administrativamente una Gobernación y Capitanía General con capital en Santiago. Al frente del mismo se encontraba el gobernador y capitán
general, asesorado por la Real Audiencia, presidida por el mismo gobernador, razón por la cual se le denominaba
indistintamente presidente o gobernador. La Audiencia, además de servir de
órgano consultivo del gobernador, tenía las funciones de tribunal de apelaciones del reino.
A partir de la destrucción de las ciudades y villas del sur del
territorio a fines del siglo XVI, el control efectivo ejercido por los
españoles se reducía al Valle Central hasta el río
Biobío. Al este de la
Cordillera de los Andes, el territorio chileno incluía el Corregimiento de Cuyo, conformado por la parte poblada de las
actuales provincias argentinas de Mendoza, San Juan y San Luis.18 Cuyo fue separada de Chile en el
año 1776, para incorporarse al recientemente
creado Virreinato del Río de la Plata.19 En teoría, incluía también amplios
territorios en la actual Patagonia argentina, en los cuales no se establecieron poblaciones
permanentes
El rey Felipe II sujetó al gobernador a la vigilancia del virrey
del Perú, al expresar en una
real cédula de 1589 que debía «guardar, cumplir y ejecutar
sus órdenes, y avisarle de todo lo que allí se ofreciese de consideración». A
partir de dicha norma, los virreyes entendieron que la relación entre ambos era
de efectiva dependencia; sin embargo, en algunos casos, la relación del
gobernador fue directa con el rey y en otras pasó por el virrey del Perú.
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